El abogado Christian Almada solicitó ayer al juez en lo civil de Lambaré, Joel Melgarejo, embargo de los bienes de los condenados por un accidente fatal protagonizado por un bus chatarra. La medida está dirigida contra la Empresa de Transporte 29 de Junio (Línea 40), Centro de Misión Presbiteriana, el propietario del otro ómnibus involucrado, Ruperto Roa, y los inspectores de la Setama Hugo Duarte Almada y David Rojas Vera.
Consultado respecto a la situación de la empresa transportista, que salió de circulación, Almada explicó que en caso de insolvencia de una o más partes, la responsabilidad del pago recae sobre el Estado.
“Yo pedí embargo por el capital, que es de más de G. 8.000 millones. Con los intereses, son G. 40.000 millones, y cada mes que pasa, son unos G. 200 millones más porque el interés es mensual. Como la responsabilidad es solidaria, si los funcionarios no tienen para pagar, el Estado debe pagar todo. Si la Iglesia paga una parte, el Estado paga lo que falte y si nadie tiene bienes, el Estado pagará por todos”, explicó Almada.
El accidente ocurrió el 27 de noviembre de 2005, a las 11:45, en la intersección de la avenida Perón y Concepción Yegros, donde un ómnibus de la Línea 40, empresa 29 de Junio, que circulaba por Perón, embistió al vehículo de la Línea 39, propiedad de Ruperto Roa.
El primer vehículo se encontraba en línea y el segundo –alquilado por la Iglesia Presbiteriana coreana “Centro de Vida”– regresaba a sus casas a más de 100 niños de escasos recursos tras un festival. En el choque fallecieron los niños Deisy Velázquez Varela y Gilberto Cuevas Ríos, de 4 y 3 años, y otros 60 quedaron heridos.
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