En febrero del 2007 el diario ABC Color publicó que la empresa Ivesur había invertido US$ 4 millones para montar su planta verificadora. En el 2011 se inició el pleito judicial contra la Municipalidad de Asunción y en el 2013 recurrió a un tribunal arbitral a través del cual requirió a la Comuna US$ 23 millones, casi seis veces más en relación al monto que invirtió en el inicio.
La publicación del diario ABC Color del 6 de febrero de 2007 indica que Ivesur realizó una inversión de US$ 4 millones para montar una “infraestructura de primer mundo”. Se destacaba la modernidad de la planta verificadora ubicada en Salvador Bogado y José Pappalardo de Asunción.
Denunciando el supuesto incumplimiento de un contrato que pudo haber sido rescindido, la empresa demandó a la Municipalidad de Asunción y le exigió un monto de US$ 23 millones.
La cifra, que supera casi seis veces lo que invirtió al inicio la empresa, fue producto de una prueba de muestreo realizada por la firma Gabinete de Estudios de Opinión (GEO), de José Nicolás Morínigo, según reza el extenso laudo arbitral.
De acuerdo con el muestreo, US$ 23 millones es la cifra que Ivesur dejó de percibir en concepto de inspección técnica vehicular. La cifra toma un global de vehículos que ingresan a Asunción y circulan en el ejido sin discriminar si tienen patente de la capital o de otros municipios del interior.
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