Gobernar para la economía de las personas

en 1990, Amartya Sen y Mahbub ul Haq proponen el paradigma del desarrollo humano, impulsado más tarde por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y concretizado en el Índice de Desarrollo Humano. Las desigualdades están presentes en todos los ámbitos (ingresos, acceso a servicios públicos, sistema tributario) y en algunos casos es extrema (tierra). La falta de acceso a un sistema universal y gratuito en salud obstaculiza una vida larga y saludable, la reducción de la pobreza y la productividad y, por otro lado, beneficia a sectores que lucran con la enfermedad y la extrema vulnerabilidad y precariedad que se origina cuando en una familia hay una persona enferma. Las inversiones en el sistema de salud y de educación solo serán eficientes y tendrán todo el impacto posible si las personas y las familias cuentan con un piso mínimo de protección social. La agricultura familiar, las escuelas y la jornada escolar extendida, los municipios y las gobernaciones con la alimentación escolar y la infraestructura, Tekoporá, los programas de vivienda, la atención a la salud desde el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, las jubilaciones y la pensión alimentaria, el cumplimiento de las normas laborales y la política de cuidado deben actuar de manera coordinada y oportuna para proteger a los dos extremos de edad niñez y vejez y asegurar el trabajo decente. Los indicadores de la deuda están mostrando riesgos de insostenibilidad desde hace años, demostrado en parte por la necesidad de contraer deuda para pagar deuda. La historia económica nos muestra que la sostenibilidad tiene altos costos para la sociedad ya sea porque se realizan ajustes a costa de las inversiones que necesita la ciudadanía, al aumento de impuestos injustos como el IVA o al traslado del pago de la deuda a las generaciones futuras. Esto se puede observar en el incremento del presupuesto en algunos ámbitos, pero sin resultados en la misma medida en el aumento de la cobertura o la calidad (transporte público, Ministerio de Salud e IPS), en la reducción de la inversión en áreas estratégicas para el bienestar y el combate a la inflación (agricultura familiar) y en las adquisiciones públicas sin considerar criterios de racionalidad económica (compra de seguros privados para funcionarios públicos, obras de infraestructura de bajo retorno social). Las adquisiciones públicas deben contar con un marco regulador general y sectorial que garanticen compras eficientes y de calidad justificadas con criterios técnicos que garanticen efectividad y resultados directos en el bienestar de la población y el crecimiento económico de calidad. Desde hace una década se viene hablando de la necesidad de ampliar infraestructura, el país hizo esfuerzos importantes incluyendo el aumento significativo de la deuda, sin embargo, no se observan resultados en los principales indicadores económicos y laborales. Construir un sistema justo nos beneficia a todos porque necesitamos pagar la deuda y mejorar la inversión en todos los servicios. ...[Leer más]