Vía libre para el enriquecimiento en la función pública - Editorial - ABC Color

Al ratificarse en su decisión de despenalizar la presentación de declaraciones juradas falsas por parte de quienes ejercen una función pública, la Cámara de Diputados cometió ayer una infamia que obliga al Poder Ejecutivo a ejercer de inmediato su derecho al veto. Es que lo resuelto, con solo catorce votos en contra, viola con flagrancia el principio de igualdad ante las leyes, apunta claramente a la impunidad y vuelve inocua la norma constitucional que obliga a los “funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular”, a declarar sus bienes y rentas dentro de los quince días de haber asumido el cargo y en igual plazo al abandonarlo. Las declaraciones juradas que adolezcan de omisiones o errores serán consideradas como declaraciones juradas válidas parciales hasta tanto se subsane la omisión o error detectado” (las negritas son nuestras). 47 de la Constitución garantice la igualdad ante las leyes y que el 104 diga que la declaración de bienes y rentas de quienes están en la función pública debe presentarse bajo juramento. Esto significa que no solo se despenalizó el perjurio, sino también que se dificultó notablemente la constatación de un delito, que resulta de comparar entre sí las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas al asumir y al cesar en el cargo. Este órgano legislativo volvió a retratarse de cuerpo entero en un asunto relativo a las declaraciones juradas de bienes y rentas, lo que resulta bien elocuente. ...[Leer más]