Un Estado que no protege a las víctimas

La absolución del padre Silvestre Olmedo en el juicio por acoso sexual hacia Alexa Torres ocurrido hace cuatro años -él mismo había admitido haber tocado sus senos y espalda- revolvió la opinión pública en los últimos días, pero el caso de Alexa no es el único que ocupó la indignación ciudadana con fallos injustos y personajes poderosos de por medio. Otro caso renombrado en los últimos años en la esfera pública fue el caso de Cristian Kriskovich, quien siendo profesor en la Universidad Católica (UC) y miembro del Consejo de Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue denunciado por Belén Whittingslow por acoso sexual. Tuvo una pena de dos años con suspensión de ejecución, pese a que la fiscalía solicitó seis años de prisión, sin embargo, el tribunal resolvió que el cura debía donar G. Otro caso similar ocurrió en Paraguarí, donde el tribunal de dicha ciudad dictaminó sentencia por dos años con suspensión de ejecución a un hombre que fue hallado culpable de abusar de su hijastra entre los siete y nueve años de edad. Luego de dos años de litigio, en el 2010, los responsables del hecho Leonardo Martínez, Francisco Sotelo y Cesar Candia recibieron ocho años y medio de prisión y los otros dos cómplices Gustado Román y Guillermo Benítez recibieron dos años y medio de cárcel. RENUNCIA POR PRESIÓN En otros casos, las personas acusadas terminan desvinculándose por presión de la comunidad como de las mismas autoridades de la institución, un claro ejemplo se dio en octubre de 2019, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción donde llegó a los medios la denuncia de acoso sexual por parte de un profesor, identificado como Diego Paredes, fue acusado de utilizar a otros estudiantes como intermediarios para salir con una de sus estudiantes a cambio de aprobar la materia de Derecho Romano. ...[Leer más]