Reciente componenda política obliga a elevar alerta ciudadana - Edicion Impresa - ABC Color

Una de las más importantes lecciones del alzamiento popular en contra de la pretensión del entonces presidente Horacio Cartes de violar la Constitución y hacerse reelegir para continuar en el cargo, y que culminó en el asesinato de Rodrigo Quintana en el asalto policial a la sede del PLRA, es que las protestas callejeras tienen el poder de parar el atropello al Estado de derecho por parte de autoridades que pretenden desconocerlo. De igual manera, de no haber sido por la persistencia de grupos de manifestantes integrados por gente rebelada contra la insolencia de los corruptos, como la Comisión Escrache Ciudadano, liderada por la abogada María Esther Roa, los exsenadores Jorge Oviedo Matto (Unace), Óscar González Daher (ANR, cartista), José María Ibáñez (ANR, “añetete”), Víctor Bogado (ANR, cartista) y Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), jamás hubieran sido sancionados por sus pares con la pérdida de sus investiduras o forzados a renunciar, por el delito de tráfico indebido de influencias en el ejercicio de sus funciones u otras fechorías. De que los restantes legisladores incursos en diversos presuntos delitos de corrupción de pleno conocimiento público, como los senadores Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y Javier Zacarías Irún (ANR), así como los diputados Tomás Rivas (ANR), Justo Zacarías Irún (ANR), Carlos Portillo (PLRA), Teófilo Espínola (PLRA) y el propio presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR), sean también radiados de sus curules va a depender de cuán efectivamente la ciudadanía continúe movilizándose en las calles. ...[Leer más]