Que derivaciones a privados no se conviertan en otra fuente de corrupción - Editorial - ABC Color

El acuerdo firmado hace pocos días entre el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados para utilizar hasta cien camas de terapia intensiva en servicios privados de salud en un hipotético escenario de saturación extrema de las unidades de cuidados intensivos del sector público, abre otra puerta más a la corrupción a la que nos tienen acostumbrados las instituciones del Estado, a la vez que ratifica que el fondo de 1.600 millones de dólares por los cuales se endeudó al país para hacer frente a la pandemia de covid-19 no fue aprovechado como era de esperar. En virtud de esta decisión, se podrán suscribir convenios con laboratorios, a efectos de realizar test de covid-19, y con los sanatorios, clínicas y hospitales privados, para la prestación de servicios de salas de internación y terapia intensiva a pacientes con la enfermedad, cuyos costos serán imputados al “Fondo de Emergencia Sanitaria”, un barril sin fondo que no se entiende bien cómo será utilizado en este caso, ya que de acuerdo con lo informado por el ministro de Hacienda, Benigno López, a la Comisión Bicameral del Congreso para el Control de los Recursos previstos en la Ley de Emergencia, ya no hay un remanente de recursos. De acuerdo con los datos que proporciona el Gobierno, de esos 1.600 millones de dólares solo el 23%, es decir 1.622.646 millones de guaraníes son destinados a gastos de salud (lo que incluye recursos para el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional). ...[Leer más]