Mario Abdo promulga ley que regula el financiamiento político

En la fecha, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó las modificaciones a la ley que regula el financiamiento político, normativa sancionada este lunes por el Congreso Nacional. Se trata de la Ley Nº 6.501 que establece medidas para transparentar el financiamiento político. El mandatario reiteró la voluntad de su Gobierno de impulsar acciones contra el crimen organizado y espera que la ley contribuya a acabar con la impunidad. Hoy esta es la ley número 13, una nueva herramienta para la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Las modificaciones introducidas a la ley que regula el financiamiento político mencionan en su Artículo 1º que Ley tiene por objeto regular la actividad financiera de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: a) Actividad Financiera a toda acción que implique la recepción de fondos o activos de cualquier naturaleza, así como la disposición que se haga de los mismos. e) Tribunal Electoral Partidario al Tribunal que reconoce y acepta la inscripción de los movimientos internos de los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones políticas, que se encarga de llevar adelante el proceso electoral para la elección de autoridades internas o de los candidatos que representaran a la organización política en las elecciones nacionales o municipales. Queda expresamente determinado que los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales se constituyen en sujetos obligados conforme a la ley Nº1015/1997 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Se menciona además que el Tribunal Superior de Justicia Electoral deberá incluir dentro de su organigrama institucional una dependencia con jerarquía suficiente, encargada de disponer, coordinar y supervisar las políticas y procedimientos para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el financiamiento de campañas electorales, conforme a la reglamentación emitida por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, respecto de los sujetos obligados. El cumplimiento de las políticas mencionadas estarán sujetas a supervisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la asistencia de la SEPRELAD, en cuanto al ámbito de su competencia, señala entre otros aspectos la normativa en su artículo primero. ...[Leer más]