Los cargos de confianza como reserva de ley - Edicion Impresa - ABC Color

Cuando existen cambios de gobierno o de cualquier administración –hablamos de la Administración Pública– siempre ocurre arbitrariedades con el supuesto argumento de los “cargos de confianza”, que abordaremos en forma concisa, figura que se trata de una reserva exclusiva de la ley, y quienes tratan de suplir a la ley están usurpando funciones públicas. Actualmente, no se discute en doctrina, ni en jurisprudencia ni en la legislación comparada, que el cargo de confianza es materia de ley, y no de un decreto o resolución administrativa, pues constituye una figura conocida como “reserva de ley”, ya que la disposición de las enumeraciones de cargos de confianza constitucionalmente solo está atribuida a la formación de leyes, ello implica una función exclusiva de Poder Legislativo (sanción) y Poder Ejecutivo (promulgación); De ahí que no existen dudas que la figura de los cargos de confianza resulta ser reserva de ley, como ejemplo del Artículo 8º de la Ley de la Función Pública, y constitucionalmente nadie puede ejercer la atribución que la propia ley fundamental sólo y exclusivamente atribuye al Poder Legislativo. Todas las Leyes Especiales de la Administración del Estado, si no contempla en forma expresa un cargo de confianza, dicha figura no puede crearse ni por decreto ni por resolución, al ser una reserva de ley, como el ejemplo del artículo 8º de la Ley 1626/00, también la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras leyes especiales de los Organismos del Estado. La Constitución Nacional, las Leyes, la Doctrina Jurídica y la Jurisprudencia de nuestros Tribunales, claramente determinan que los Cargos de Confianza constituyen reserva de Ley, en cuyo marco se aplica el clásico axioma que en el Derecho Público, y esencialmente en el Derecho Administrativo, “todo lo que no está expresamente permitido está prohibido”, siendo la consecuencia lógica que si la actividad de crear los cargos de confianza en la administración pública sólo puede estar establecida en la ley, todo aquel que realice o intentare desplegar una atribución destinada únicamente al legislador, sea a través de una disposición administrativa que quiera suplir a la ley, o bien aplique una Ley no aplicable a sus funciones, directamente está cometiendo el hecho punible de USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS. ...[Leer más]