La lucha es entre la deshonestidad y la transparencia - Editorial - ABC Color

En julio de 2018, la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y de segunda instancias que hicieron lugar a un recurso de amparo planteado por el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano, para tener acceso a la declaración jurada de bienes y rentas de funcionarios públicos. Si para los senadores la declaración jurada de bienes y rentas es “de interés público”, también debe serlo para la ciudadanía en general. También es de acción penal pública la declaración jurada falsa de bienes y rentas, con la que ese hecho punible está muy ligado, de modo que quien se entere, gracias a la publicidad, de que un sujeto obligado omitió incluir en su declaración ciertos bienes o rentas, podría denunciarlo ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Es de recordar que el juez Rubén Riquelme, así como los camaristas Gustavo Santander y Pedro Mayor Martínez, habían sostenido, al hacer lugar al recurso de amparo mencionado, que el derecho de los particulares a conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas debe primar sobre el “derecho a la intimidad” de los servidores públicos, que el beneficio que brinda a la ciudadanía conocer su patrimonio es mayor que el supuesto daño que les causaría a ellos, y que la transparencia debe ser mayor cuanto más relevante sea el cargo público ocupado. ...[Leer más]