HOY / Las respuestas de la ministra Lafuente a la interpelación

Marta Lafuente, ministra de Educación. RESPUESTA: Los criterios de evaluación tenidos en cuenta por el Ministerio son los establecidos en la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y su Decreto ReglamentarioNro. A dicho efecto, se realiza un estudio de mercado para determinar los costos, no sólo del bien o servicio a contratar, sino también de aquellos que impactarán en el precio final de las ofertas a ser presentadas por las empresas y/o comercios del ramo, ciñéndonos a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Contrataciones Públicas, que establece que se deberán tener en cuenta: “...desde el momento de la convocatoria al procedimiento de adjudicación que corresponda, todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para su operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación”. RESPUESTA: Los procesos de contrataciones del MEC pasan por diversas instancias, desde las dependencias ministerialesen las que se originan las necesidades, hasta llegar a la adjudicación efectiva, en todas ellas son objeto de un riguroso control.De esta forma, cada dependencia originaria del objeto de las inversiones se responsabiliza de velar y llevar a cabo la prestación efectiva de los contratos con el acompañamiento simultaneo de la Dirección Administrativa y de la Jefatura de Contratos, para el fiel cumplimiento de las cláusulas contractuales estipuladas para el efecto, incluyendo las garantías documentales establecidas para todos los contratos públicos de la Cartera. Estamos convencidos que el cumplimiento irrestricto de la Ley es el único mecanismo posible para realizar correctamente las contrataciones. A partir de esto, las Unidades de Contrataciones del MEC llevan a cabo los procedimientos de contrataciones reglamentadospara cada tipo de adquisición, tanto de bienes, obras y servicios, siempre en estricta observancia de la Ley 2051/03, sus reglamentaciones y sus modificaciones. La ley permite esta acción en cualquier momento, sin acarrearperjuicios patrimoniales para el Estado, por lo que, en cumplimiento de la política de transparencia promovida por el Gobierno Nacional a partir del momento mismo de la cancelación desde Ministerio de Educación y Cultura y por iniciativa propia se remitieron todos los antecedentes al Ministerio Público, Auditoria General del Poder Ejecutivo, Contraloría General de la República y al ente rector, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El Ministerio de Educación y Cultura actualmente no dispone de servicios de cafetería o catering ni para la Ministra, Viceministros o demás funcionarios. A lo que se suma otro factor, la pérdida de la cultura alimentaria característica de nuestro país en el caso demuchos estudiantes, (un gran número de ellos se vuelcan a las comidas chatarra o fastfood) proveídas en las cantinas, razón por la cual, a partir de la Promulgación de la Ley de Alimentación escolar y Control Sanitario en junio del 2014, se inició la instalación de la Educación Alimentaria y Nutricional en el proceso de enseñanza – aprendizaje, pero su práctica se encuentra todavía en una etapainsipiente,atendiendo a la promulgación a la Ley. En referencia a que el almuerzo escolar no es consumido únicamente por el estudiantes, en contravención a lo dispuesto en la Ley N° 5210/2014 “De Alimentación Escolar”, cómo explica la Ministra, que docentes, funcionarios administrativos, padres y terceros, están consumiendo la Alimentación Escolar. además, por haber afectado a más de 800.000 niños, a quienes se les dejó de proveer el servicio educativo, perjudicando al mismo tiempo a otros miles que fueron privados de la alimentación escolar diaria que recibían.En consecuencia, previo procedimiento de sumario administrativo, donde se respetaron todas las garantías procesales, el Juzgado de Instrucción resolvió aplicar la sanción disciplinaria de la destitución, establecida en el Art. En consecuencia,el Juzgado Administrativo, luego del procedimiento sumarial en el que se observaron todas las garantías procesales vigentes, determinó que la Profesora Blanca Avalos Barrios incurrió en las faltas previstas en la Ley Nº 1725/01 “Que establece elEstatuto del Educador” Art. La medida judicial de Suspensión Condicional del Procedimiento,al tener entre sus requisitos imprescindibles para su otorgamiento la admisión de los hechos punibles que se les atribuyen y la reparación del daño causado, obligan a la administración a tomar las medidas correspondientes, consistentes en la aplicación del régimen disciplinario establecido en la Ley 1725/01, previo sumario administrativo, en el que se considera lo siguiente: La Ley Nº 1264/98 “General de Educación”, que en su Art. Asimismo, la Ley 1725/01 “Estatuto del Educador” establece en su Art. c) incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad, aplicándoseles la sanción disciplinaria de la destitución, en atención a que con sus conductas han quebrantado disposiciones prescriptas para el ejercicio de la función docente, considerando que la tarea fundamental del Ministerio de Educación y Cultura es la de brindar y garantizar una educación plena, integral y de calidad a los niños y adolescentes, basada en la garantía Constitucional de prevalencia de sus derechos. ...[Leer más]