“Es afrenta al orden constitucional”, afirma fiscal general en su acción ante la Corte

“La resolución que se ataca de inconstitucional e insanablemente nula, es un decisorio que otorga atribuciones nuevas -concediendo fuero a quien ya fue desaforado- situación anárquica e inaudita que de permitirse crearía afrenta al orden constitucional”, afirma Emiliano Rolón en la acción que presentó ante la Sala Constitucional. 48, 13 vee313 DICTADAS POR LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES Y RECHAZAR EL OFICIO Nº 14 DEL PODER JUDICIAL, TRIBUNAL UNIPERSONAL DE SENTENCIA Nº 27 (sic), emanada de la Cámara de Senadores, decisorio contra el cual se promueve la presente acción y se reclama su inconstitucionalidad, pues con la misma se ha desvirtuado el debido proceso, paralizándolos, cuando en su momento y por actos solemnes se otorgaron los desafueros a los Senadores Nacionales Erico Galeano Segovia (20 / V * 11 / 23) , Hernán David Rivas Román (15/11 / 24) Rafael Augusto Filizzola Serra (25 / X / 23) respectivamente. La paralización de los procesos, emanada de la mencionada Resolución N° 502, tiene su efecto constitucional en el Art. Todos estos casos al ser anoticiados de la resolución del Senado, conforme lo señala el segundo párrafo, in fine, del Art. 248 de la CN, ha tenido el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual, pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en el plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada uno de los afectados, aspecto fundamental inédito e inadmisible, dentro de la Constitución Nacional vigente, con lo cual se ha soslayado un principio elemental del derecho administrativo, que señala que, el funcionario sólo puede realizar los actos estrictamente legislados, con prohibición absoluta de lo no admitido. de Boccia, es más peculiar – aunque podría considerárselo inmerso en la Acción Penal Privada, por lo tanto, fuera de la línea de atención del Ministerio Público – pues simplemente se rechaza el oficio judicial dirigido a obtener el desafuero de la misma, excediéndose el Senado, en sus atribuciones que se prevé en el Art. Los antecedentes que menciona la resolución de referencia derogar las resoluciones 48 433 y 313, mencionados en la resolución 502 atacada – implica desdeñar la puntillosa atención brindada en su momento por el mismo órgano constitucional, no existiendo ninguna posibilidad de ser revertida, ni siquiera por un nuevo examen de quien lo dictara. La referida resolución emitida por la Cámara de Senadores, viola frontalmente las normas constitucionales citadas, al pretender dejar sin efecto una decisión anterior ajustada a la normativa de referencia, Art. 557 y demás concordantes del Código Procesal Civil, la Resolución N° 502 del 04 de abril de 2024, del Senado de la República, es claramente atentatoria al Art. El principio de legalidad es, a su vez, el fundamento del principio de la competencia de los órganos del Derecho Público por cuanto que los poderes de tales órganos, sean facultativos o imperativos, le deben ser atribuidos por la Constitución o las leyes, debiendo aquellos ceñir su comportamiento institucional a tales normas que, por definición, son normas de competencia. En efecto, lo primero porque si el sistema legal otorga ciertas y determinadas atribuciones o facultades a ciertos y determinados órganos, ningún otro los puede ejercer, salvo que la propia norma asigne la misma competencia a dos órganos distintos. Pero, una vez desaforado dicho parlamentario, de ninguna manera puede entenderse que tiene igualmente el poderío competencia para revocar la resolución que ha hecho lugar al desafuero con el alcance de restituir tales fueros a dicho legislador. y, tampoco puede pretenderse inferirse tal atribución con el argumento especioso de que, si el congreso puede derogar una ley, también puede derogar la resolución por medio de la cual ha desaforado a un legislador en un caso específico, con el alcance de restituirle los fueros que antes le fueron privados. Tampoco puede considerarse que la resolución que ha otorgado el desafuero parlamentario, puede ser derogada como si fuese un acto administrativo porque no lo es. Nada de eso ocurre con la resolución legislativa que resuelve derogar una anterior resolución de desafuero, razón por la cual, al exceder dicha resolución la competencia de la Cámara, aquella debe ser juzgada como violatoria de los principios de legalidad y de competencia por haberse atribuido (dicha cámara) una facultad extraordinaria. No obstante dicha claridad, el constituyente prefirió aherrojar la norma contra toda intención de corromperla, agregando «Sólo él (Poder Judicial) puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso.», confiriéndole en exclusividad – sólo a él y a nadie más que al Poder Judicial el tratamiento de las contiendas, enfatizando que «En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionario, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios». Tal es, precisamente, el efecto dispuesto y pretendido por la resolución en conflicto, al sustraer del juez natural el conocimiento de la causa ya iniciada en virtud del desafuero resuelto oportunamente, de consuno con las previsiones constitucionales vigentes (Art. ...[Leer más]