Defensoría puentea a Contraloría y se suma a centenar de instituciones

La Defensoría Pública es una de las instituciones que recurrió a la Corte para evitar presentar su informe de ejecución a la Contraloría y así rendir sus gastos solo al Tribunal de Cuentas. La defensora general, Lorena Segovia, presentó en el 2021 como representante del Ministerio de la Defensa Pública una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Ley 2248/2003 “Que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 Código de Organización Judicial”, alegando que esta norma le imposibilita rendir cuentas ante la autoridad competente, como el Tribunal de Cuentas, basándose la carta magna. El presidente Santiago Peña vetó recientemente, precisamente basándose en la Corte, una ley que eliminaba la atribución del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos y definía que la Contraloría era la única con facultad para la fiscalización. El proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, y regula al Tribunal de Cuentas, eliminaba la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones debido a que más de 150 evaden la fiscalización de la Contraloría. El Ejecutivo presentará una nueva ley al Congreso En el decreto del Poder Ejecutivo por el que se veta la ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981 del Código de Organización Judicial, Santiago Peña se muestra contrario a eliminar la facultad del Tribunal de Cuentas de recibir los informes de gastos de las instituciones, basándose en el razonamiento de la Corte sobre una inconstitucionalidad. ...[Leer más]