Contraloría puede ejercer su función constitucional

La doctora Gladys Bareiro de Módica señala que el accionante, en líneas generales, refiere que la norma impugnada lesiona la jurisdicción y competencia del Poder Judicial al restar al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, jurisdicción y competencia para el juzgamiento de las cuentas públicas, a más de privarle a su representada de la tutela jurisdiccional para el juzgamiento de sus rendiciones de cuentas, situación que le produce una manifiesta inseguridad jurídica a su parte. 265 de la Constitución Nacional del año 1992 –hoy objeto de varias impugnaciones– se elimina como parte de la instancia jurisdiccional una materia de carácter eminentemente ejecutiva, y a su vez unifica el Tribunal de Cuentas, disponiendo la homogeneidad de la materia objeto del Tribunal de Cuentas, estableciendo que sólo serán competentes a los efectos de los juicios derivados en materia contencioso-administrativo. La ministra mencionó que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, al que se le atribuye la competencia para el control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, no cumple una función jurisdiccional sino de contralor del uso del dinero público (actividad de tipo administrativo). Asimismo, manifestó que es la Contraloría General de la República el órgano competente y ejecutivo eficaz para resolver los conflictos derivados del control de las cuentas de inversión del Presupuesto de Gastos de la Nación y todo lo referente a la fiscalización, vigilancia, ejecución, liquidación presupuestaria, de cuentas y de bienes pertenecientes al Estado paraguayo, los departamentos y las municipalidades, en la forma determinada por la Constitución y la Ley (Arts. 30 del Código de Organización Judicial, en la parte que determinaba la competencia de la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas en materia de control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, ya que tal actividad era delegada de hecho a la Contraloría General de la República, con lo que la ley posterior N° 2248/2003 solo fue la consecuencia de la disposición constitucional expuesta. Sigue expresando la resolución que, en definitiva, la Ley 2248/2003 da cumplimiento al mandato constitucional y dispone la competencia originaria, eficaz y real en materia de “Control de Cuentas”, derivando la actividad a la instancia administrativa competente y de esta manera subsana el vicio que consistía en someter a la instancia jurisdiccional una materia eminentemente administrativa, sobre todo en atención a que en realidad el control del gasto público consiste evidentemente en un análisis pormenorizado por parte de técnicos especialistas en el área específica como serían la inversión, gestión, uso del dinero público, etc., y no abogados, juristas, especializados en la ciencia del derecho que en puridad les compete resolver contiendas y no cuentas. ...[Leer más]